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La fuerza del báculo y la justicia en el magnicidio de la catedral de Burgos en 1869
Un obispo arrestado por la autoridad en su palacio, junto a 13 canónigos y cuatro seminaristas, un asesino juzgado y perdonado, un seminario cerrado y un torero metido a comisario de policía forman un cóctel curioso en la muerte de Isidoro Gutiérrez de Castro
Las campanas de la Catedral de Burgos tañían con urgencia un 28 de enero de 1869. Lo que comenzó como un rumor sordo sobre el inventario de los archivos y bienes eclesiásticos decretado por el Gobierno provisional estalló, sin preaviso, en un motín incontrolable. Sin embargo, más allá de la violencia desatada en las naves del templo y del trágico asesinato del gobernador civil, Isidoro Gutiérrez de Castro, los ecos más profundos de aquella jornada convulsa resonaron despacio en los despachos episcopales, los silencios del cabildo y las aulas del seminario.
En el centro de la tormenta política se hallaba el arzobispo de la diócesis. O al menos así lo cuenta la prensa de la época más alejada del ámbito burgalés, lo que presupone que fue más objetiva, basada en diferentes testimonios de un lado y de otro; se trata de la edición del 29 de enero de 1869 de dos periódicos madrileños, El Siglo y El Estandarte.
El obispo Anastasio Rodrigo Yusto estaba postrado en la cama desde hacía días a causa de una salud quebrantada, el prelado oyó el tumulto rugiendo al otro lado de sus muros. La respuesta fue inmediata: a pesar de su debilidad, cruzó el umbral de su palacio y se adentró en la plaza con la intención de apaciguar a las masas mediante el diálogo. Su empeño no fue infructuoso del todo; entre gritos y confusión, logró rescatar a un alcalde de barrio al que la muchedumbre rodeaba con fatales intenciones, dándole cobijo y salvándole la vida en su propio palacio.
Intentando una segunda incursión para frenar el desastre cuando ya era demasiado tarde, el arzobispo recibió la noticia del magnicidio por los pasillos que conectaban su residencia con la puerta de la Sacramental. Ironías del destino o refugio obligado, aquellas mismas dependencias arzobispales terminaron acogiendo horas después al secretario del gobierno civil y al comisionado estatal, quienes hallaron allí la protección que la calle les negaba.
Aun así, la sombra de la sospecha gubernamental no tardó en cernirse sobre la mitra. Con el paso de las horas y tras declararse el estado de guerra, el propio arzobispo acabó retenido en su palacio por orden judicial, mientras la maquinaria de la justicia militar ponía el foco de manera implacable sobre la estructura eclesiástica.
El Cabildo catedralicio tampoco se libró de la tempestad. El deán, el provisor y varios canónigos —cuyo número oscilaba entre cuatro y trece según las crónicas del momento— desplegaron inicialmente cuantos esfuerzos tuvieron en su mano para calmar los ánimos. No obstante, la reprobación oficial de los hechos no bastó para blindarlos ante las autoridades.
La red de detenciones se extendió con rapidez quirúrgica por media región: hubo arrestos de eclesiásticos en Pamplona, clérigos incomunicados y hasta cuatro seminaristas apresados en Miranda de Ebro que terminaron a disposición de la justicia. La culminación de este castigo institucional llegó con una orden tajante e inapelable: el cierre fulminante del seminario burgalés en el plazo de veinticuatro horas.
Mientras la prensa de la época —desde El Pensamiento Español hasta los ecos de El Estandarte— debatía sobre la presencia de vigilantes armados y las intrigas del momento, la maquinaria judicial avanzaba implacable. Las prisiones se abrieron para acoger a cerca de sesenta sospechosos entre cárceles y presidios, tejiendo una causa sumarial que duraría meses.
Paradójicamente, aquella dureza inicial en los calabozos chocó frontalmente con la moderación de los tribunales. De los más de un centenar de encausados civiles, apenas uno afrontó una condena a pena capital, y esta acabaría siendo conmutada por cadena perpetua antes de que el reo recuperara la libertad tres años más tarde. Entre absoluciones por falta de pruebas y condenas menores marcadas por el temor a revueltas populares, la tormenta judicial amainó.
Pero para la Iglesia de Burgos, el precio había sido alto: el seminario clausurado, el clero bajo sospecha y un arzobispo confinado en su propio palacio como mudo testigo de cómo la política nacional había asaltado, por la fuerza de los hechos, los cimientos del mundo sagrado.
